Asistencia y representación en litigios fiscales en Rumanía

La relación entre los contribuyentes y las autoridades fiscales está a menudo marcada por complejidades procedimentales y medidas que dejan lugar a interpretaciones. Las medidas abusivas y los actos administrativos fiscales emitidos de manera ilegal deben ser impugnados por los contribuyentes con el fin de evitar cargas fiscales adicionales e inequidades de trato así generadas. 

En la mayoría de los casos, la anulación de un acto administrativo fiscal implicará también recurrir a los tribunales, además de los procedimientos administrativos, dando lugar a un litigio de derecho fiscal. 

En Blaj Law de Rumanía, ofrecemos asistencia y representación en litigios de derecho fiscal que tengan por objeto la anulación de actos administrativos fiscales, así como en otros litigios fiscales, garantizando la protección de los derechos e intereses de nuestros clientes tanto frente a las autoridades fiscales como ante los tribunales.

Contencioso administrativo fiscal en Rumanía

El contencioso de derecho fiscal es una rama del contencioso administrativo, que se refiere a los litigios surgidos en relación con las relaciones jurídico-administrativo-fiscales, es decir, que tienen por objeto un acto administrativo fiscal o la negativa injustificada de las autoridades fiscales a resolver una solicitud. El marco para el desarrollo de los litigios fiscales está establecido por las disposiciones de la Ley n.º 554/2004, como legislación general en la materia, y por el Código de Procedimiento Fiscal.

Las acciones de anulación de títulos de deuda, decisiones de liquidación y otros actos administrativos fiscales están precedidas por la etapa administrativa impuesta por el Código de Procedimiento Fiscal. Esta consiste en la formulación de una impugnación contra el acto administrativo fiscal, dirigida al órgano que lo emitió.

Según el art. 268 párrafo (1) del Código de Procedimiento Fiscal, “Contra el título de deuda, así como contra otros actos administrativos fiscales, se puede presentar una impugnación conforme a este título. La impugnación es una vía administrativa de recurso y no excluye el derecho a la acción de quien se considere perjudicado en sus derechos por un acto administrativo fiscal”. 

Hasta que se resuelva la impugnación, el contribuyente destinatario del acto administrativo fiscal puede solicitar al tribunal la suspensión de su ejecución, previa presentación de una caución calculada en función del valor del objeto impugnado.

La resolución de la impugnación se comunica al impugnante, quien puede recurrir la decisión ante el tribunal contencioso administrativo mediante una solicitud de anulación.

Es importante señalar que, dentro del litigio así formado, el impugnante puede invocar otros motivos de ilegalidad además de los ya planteados en la impugnación administrativa. Cuando el tribunal ordena la anulación de un acto administrativo fiscal, las consecuencias son múltiples. Además de eliminar la obligación fiscal establecida mediante el acto anulado, el contribuyente puede solicitar el reembolso de las sumas ya pagadas en virtud de dicho acto, incluidos los accesorios cobrados, como intereses y penalidades por demora.

El objeto del contencioso administrativo fiscal no se limita a la resolución denegatoria de la impugnación administrativa, sino que también puede referirse a la omisión de la administración de resolver la impugnación en el plazo de 6 meses desde su presentación, conforme al art. 281 párrafo (5) del Código de Procedimiento Fiscal. Transcurrido el plazo de 6 meses, el contribuyente puede solicitar directamente al tribunal la anulación del acto. Es importante mencionar que en el cómputo del plazo no se tendrán en cuenta los períodos previstos en el art. 77 párrafo (2) del Código de Procedimiento Fiscal, cuando se requiera la administración de pruebas adicionales, ni aquellos en que el procedimiento de resolución de la impugnación esté suspendido.

Además de lo anterior, existen otros litigios que pueden surgir en el ámbito del derecho fiscal, entre los cuales se encuentran también las disputas relacionadas con la ejecución forzosa de las deudas fiscales.

El papel del abogado en los litigios fiscales en Rumanía

La asistencia jurídica es recomendable en los litigios fiscales, teniendo en cuenta la complejidad de los procedimientos, la evolución rápida de la legislación fiscal, así como la creatividad que demuestran las autoridades fiscales en la interpretación y aplicación de la ley. Las prácticas abusivas del Estado, guiadas por el objetivo de aumentar los ingresos del presupuesto estatal, pueden afectar, si no se controlan, la supervivencia de los operadores económicos en el mercado.

El equipo de abogados de Rumanía Blaj Law apoya a los contribuyentes incluso antes de llegar al tribunal, analizando la documentación fiscal e interpretando las normas legales en las que se basa el acto administrativo fiscal. Si el litigio llega ante el tribunal, nos encargamos de redactar la demanda, preparar los argumentos y asistir y representar a los clientes en las audiencias judiciales. 

Más concretamente, entre nuestros servicios en materia de litigios fiscales se incluyen la asistencia y representación de los clientes en:

• Procedimientos de impugnación de actos administrativos fiscales;
• Procedimientos de impugnación de medidas cautelares;

• Impugnaciones de la ejecución en materia fiscal;
• Solicitudes de suspensión de actos administrativos fiscales.