Impugnación de resoluciones de liquidación tributaria u otros actos administrativos tributarios en Rumanía

La experiencia nos ha demostrado que las autoridades fiscales implementan a menudo medidas inesperadas y, en ocasiones, controvertidas, y que impugnar las decisiones de imposición u otros actos administrativos fiscales que aplican estas medidas se ha convertido en una necesidad para proteger los derechos de los contribuyentes.

Tanto las decisiones de imposición como otros actos administrativos fiscales pueden tener un fuerte impacto en la actividad económica de cualquier entidad. Una decisión de imposición ilegal puede conducir a cargas fiscales adicionales para los contribuyentes, así como a inequidades de trato que afectan a sectores económicos enteros.

¿Qué es la decisión de imposición en Rumanía?

En el ámbito más amplio de los actos administrativos, el acto administrativo fiscal se describe como el acto emitido por las autoridades fiscales locales o centrales en el ejercicio de sus atribuciones de administración de impuestos, tasas y contribuciones sociales, para establecer una situación individual y con el fin de producir efectos jurídicos para quien va dirigido.

La decisión de imposición es uno de estos actos, mediante el cual las autoridades fiscales competentes establecen o modifican la base imponible, de acuerdo con el art. 95 párrafo (2) del Código de Procedimiento Fiscal. Por lo general, una decisión de imposición se emite tras una verificación documental, una inspección fiscal o una verificación de la situación fiscal personal.

Además de la decisión de imposición, se incluyen en la categoría de actos administrativos fiscales los títulos de crédito o los títulos ejecutivos emitidos por las autoridades fiscales.

Importancia de impugnar una decisión de imposición emitida ilegalmente en Rumanía

Si la decisión de imposición u otro acto administrativo fiscal emitido contiene errores, no corresponde con las declaraciones de los contribuyentes o con la situación real de los bienes sujetos a imposición, el contribuyente perjudicado en sus derechos puede impugnar el acto, primero por vía administrativa y posteriormente ante los tribunales.

El camino legal para impugnar la decisión de imposición y cualquier otro acto administrativo fiscal es, en primera instancia, la presentación de una reclamación. Así, la reclamación es el procedimiento administrativo previo, específico para el contencioso administrativo fiscal. Esta incluirá, según el art. 269 del Código de Procedimiento Fiscal, los datos de identificación del reclamante, el objeto de la reclamación, los motivos de hecho y de derecho en que se basa, las pruebas en que se fundamenta y la firma del reclamante o, en su caso, de su representante autorizado. El objeto de la reclamación está representado por las sumas y medidas establecidas e inscritas por el órgano fiscal en el acto impugnado, así como por las sumas no establecidas por el órgano fiscal, pero para las cuales existe esta obligación, de acuerdo con la ley.

Desde el punto de vista procedimental, la reclamación se presentará en un plazo de 45 días a partir de la fecha de comunicación del acto administrativo fiscal, ante el órgano que emitió el acto. Dependiendo del órgano emisor, la competencia para resolver la reclamación corresponde ya sea a la estructura especializada de resolución dentro del Ministerio de Finanzas Públicas o al propio órgano emisor.

Al resolver la reclamación, el órgano de resolución emitirá una decisión obligatoria mediante la cual la reclamación será, tras verificar los motivos de derecho y de hecho que fundamentaron la emisión del acto administrativo fiscal, admitida, con la consecuencia de la anulación total o parcial del acto impugnado, o rechazada. En caso de rechazo de la reclamación, los contribuyentes aún tienen la posibilidad de impugnar la decisión de rechazo ante el tribunal.

Por otro lado, en caso de que los contribuyentes decidan no presentar una reclamación dentro del plazo legal, pierden el derecho a presentarla posteriormente, quedando el acto administrativo fiscal que podría haber sido objeto de la reclamación como definitivo.

Nuestro equipo de abogados en Rumanía interviene activamente en la protección de los contribuyentes, incluso mediante la impugnación de actos administrativos fiscales, y recomendamos que los contribuyentes que se consideren perjudicados por tales actos emitidos ilegalmente tomen medidas.

A partir de nuestra experiencia en diversos sectores económicos afectados por medidas fiscales desproporcionadas y carentes de previsibilidad, hemos constatado que las interpretaciones administrativas pueden influir categóricamente en el funcionamiento normal de los operadores económicos, más allá del ámbito estrictamente fiscal, afectando a sectores de actividad enteros. Hemos representado a clientes del sector farmacéutico, salvando a cientos de farmacias de la quiebra en el contexto de la interpretación abusiva del marco normativo aplicable al método de cálculo de los precios de los medicamentos subvencionados. Hemos impugnado decisiones de imposición sobre la tasa de IVA ilegalmente aplicada al café para clientes del sector HoReCa y nos hemos opuesto, en el ámbito del transporte, a sanciones complementarias desproporcionadas asociadas al sistema RO e-Transport, aplicadas bajo el paraguas de objetivos políticos justificados solo en teoría.

La práctica fiscal de los últimos años destaca que las medidas fiscales a menudo se emiten sin un análisis detallado del impacto en el sector, lo que subraya la necesidad de impugnar las decisiones de imposición y los actos administrativos fiscales mediante los cuales se aplican estas medidas.

En tales contextos, impugnar las decisiones de los órganos fiscales llega a ser no solo un derecho, sino también una necesidad para asegurar un clima fiscal equitativo, en el que cada contribuyente pueda desarrollar su actividad sin soportar la carga de evaluaciones fiscales erróneas.

El equipo de Blaj Law de Rumanía ofrece asistencia completa para impugnar decisiones de imposición u otros actos administrativos fiscales. Nuestra colaboración se basará en:

• Análisis detallado de los documentos con identificación de los elementos que pueden constituir fundamento para la impugnación.
• Interpretación de las normas legales que fundamentaron la emisión de la decisión o del acto administrativo fiscal.
• Elaboración de una estrategia personalizada.
• Representación ante las autoridades en el procedimiento de impugnación.
• Monitoreo de los resultados e impugnación ante el tribunal de la solución, si esto es desfavorable.