Infracciones informáticas en Rumanía
¿Por qué deberías contar con la asistencia de un abogado especializado en derecho penal durante el proceso penal en Rumanía?
Los delitos informáticos representan un área emergente del derecho penal y, por tanto, no están regulados de forma muy precisa, el Código Penal contempla solo un número limitado de delitos informáticos.
Además de estas disposiciones del Código Penal, existen leyes especiales aplicables, como la Ley 365/2002, así como normativas europeas, por ejemplo, la Directiva (UE) 2019/713 sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo.
Así, dado el marco legal complejo y la naturaleza técnica de los casos informáticos, recomendamos recurrir a uno de nuestros abogados especializados en derecho penal en Rumanía, en caso de que seas sospechoso de haber cometido un delito de este tipo, para garantizar una defensa efectiva en el proceso penal.
¿Qué son los delitos informáticos y cuáles son en Rumanía?
Aunque no existe una definición legal concreta de los delitos informáticos, podemos afirmar que se refieren a acciones ilícitas llevadas a cabo en el ámbito de la tecnología de la información, las comunicaciones y los datos informáticos. Los sistemas y datos informáticos constituyen, en sentido estricto, el objeto de diversos delitos incluidos en esta categoría. Algunos de ellos están regulados en el Código Penal, como el fraude informático, la falsificación informática, el acceso ilegal a un sistema informático, la alteración de la integridad de los datos informáticos, la perturbación del funcionamiento de los sistemas informáticos o la transferencia no autorizada de datos informáticos.
Fraude informático en Rumanía
El delito de fraude informático está tipificado en el artículo 249 del Código Penal, que sanciona «la introducción, transmisión, modificación o eliminación de datos informáticos, la restricción del acceso a dichos datos o la obstrucción de cualquier forma del funcionamiento de un sistema informático, con el fin de obtener un beneficio material para sí o para otro, si se ha causado un perjuicio a una persona». Por tanto, para que exista fraude informático, deben cumplirse las siguientes condiciones:
- introducción, transmisión, modificación o eliminación de datos informáticos, o impedir de cualquier forma el funcionamiento de un sistema informático
- el objetivo de la acción debe ser obtener un beneficio material
- existe una relación causal entre dicha acción y el perjuicio causado: no toda introducción de datos seguida de un daño implica automáticamente este delito.
En los ataques tipo phishing, no puede establecerse una relación directa entre la introducción de datos y el perjuicio, ya que la víctima se autoinflige el daño al introducir sus propios datos informáticos. Esto puede ocurrir al recibir un correo electrónico que aparenta provenir de un banco conocido (aunque el remitente no sea el oficial), que informa de un supuesto problema con la cuenta y pide al destinatario que acceda urgentemente a un enlace para actualizar sus datos. Este enlace lleva a un sitio falso diseñado para recopilar información personal.
El fraude informático se castiga con una pena de prisión de 2 a 7 años. Uno de nuestros abogados especializados en derecho penal, en particular en delitos informáticos, puede representarte y asistirte en cualquier fase del proceso penal, tanto ante las autoridades de investigación como en juicio.
Falsificación informática en Rumanía
El delito de falsificación informática está regulado por el artículo 325 del Código Penal, que sanciona «la acción de introducir, modificar o eliminar, sin derecho, datos informáticos, o restringir, sin derecho, el acceso a dichos datos, resultando en datos contrarios a la verdad, con el fin de ser utilizados para producir consecuencias jurídicas». El valor protegido por esta norma es la confianza pública en la veracidad de los documentos digitales y su contenido.
Este acto puede ser cometido por una persona física o jurídica, y es esencial que el autor interactúe con los datos informáticos almacenados en un sistema informático (de modo que se generen datos falsos) con la intención de producir consecuencias jurídicas. Esto puede lograrse mediante la introducción de datos falsos o la alteración de los existentes (incluso parcialmente), si estas acciones son susceptibles de generar consecuencias jurídicas (y si son realizadas con tal fin).
Según la Decisión del Tribunal Supremo 4/2021, «El hecho de abrir y utilizar una cuenta en una red social abierta al público, utilizando como nombre de usuario el nombre de otra persona e introduciendo datos personales reales que permiten identificarla, cumple con dos de los requisitos esenciales del delito de falsificación informática previsto en el art. 325 del Código Penal, a saber: que la acción de introducir los datos informáticos se realice sin derecho, y que dicha acción tenga como resultado datos contrarios a la verdad.»
El delito de falsificación informática se castiga con pena de prisión de 1 a 5 años.
Alteración de la integridad de los datos informáticos en Rumanía
El delito de alteración de la integridad de los datos informáticos está previsto en el artículo 362 del Código Penal, que sanciona «el acto de modificar, eliminar o dañar datos informáticos, o restringir el acceso a dichos datos, sin derecho».
Este acto puede ser cometido por una persona física o jurídica, y requiere una acción (modificación, eliminación, restricción) dirigida a los datos informáticos. Por ejemplo, eliminar un correo electrónico constituye un caso típico de este delito.
El delito de alteración de la integridad de los datos informáticos se castiga con pena de prisión de 1 a 5 años.
Acceso ilegal a un sistema informático en Rumanía
El delito de acceso ilegal a un sistema informático está tipificado en el artículo 360 del Código Penal, que establece que «el acceso, sin derecho, a un sistema informático» constituye delito. El apartado (2) contempla la agravante cuando el acceso sin derecho se realiza con el fin de obtener datos informáticos. El apartado (3) establece que «si el acto previsto en el apartado (1) se ha cometido respecto de un sistema informático al que, mediante procedimientos, dispositivos o programas especializados, el acceso está restringido o prohibido para determinadas categorías de usuarios» – es decir, si el acceso ilegal se realiza mediante la violación de medidas de seguridad que restringen el acceso a un sistema informático para ciertas categorías de usuarios.
Es esencial que el autor interactúe con datos almacenados en un sistema informático. Por ejemplo, si un policía accede a una base de datos para obtener, por motivos personales, información de contacto de una persona, puede considerarse acceso ilegal conforme al apartado (2). No importa si el usuario y la contraseña son reales, ya que no se distingue la forma en que se viola la seguridad del sistema (puede ser por exceso de atribuciones o por falta total de derecho de acceso).
El acceso ilegal a un sistema informático se castiga con prisión de 3 meses a 3 años o con multa en su forma simple, pero frecuentemente se comete en su forma agravada. Así, si se realiza con el fin de obtener datos informáticos, la pena es de 6 meses a 5 años; y si el acceso se hace violando medidas de seguridad que restringen el acceso, la pena es de 2 a 7 años de prisión.
Transferencia no autorizada de datos informáticos en Rumanía
El delito de transferencia no autorizada de datos informáticos está previsto en el artículo 364 del Código Penal, que sanciona «la transferencia no autorizada de datos desde un sistema informático o desde un medio de almacenamiento de datos informáticos». Por ejemplo, transferir datos desde un portátil de trabajo a un dispositivo de almacenamiento externo personal, sin autorización, es un caso típico de este delito.
El delito de transferencia no autorizada de datos informáticos se castiga con pena de prisión de 1 a 5 años.
Un abogado penalista en Rumanía del equipo de Blaj Law de Rumanía está disponible para representarte y brindarte asistencia en cualquier etapa del proceso penal. Puede ofrecer apoyo tanto ante las autoridades de investigación como en los procedimientos judiciales.
