Delitos de falsificación de documentos privados, falsificación de documentos oficiales o falsificación intelectual en Rumanía

Falsificación de documentos en Rumanía

Los delitos de falsificación de documentos están tipificados por las disposiciones del art. 320 – art. 323 del Código Penal. El ámbito de aplicación de estas disposiciones legales abarca conductas ilícitas, cometidas por acción u omisión, que afectan la confianza en la autenticidad y veracidad de los documentos que producen efectos jurídicos.

Tal como se aprecia también en la doctrina de especialidad, señalamos que el documento, en el sentido del derecho penal, debe reunir tres atributos esenciales: (i) el documento debe contener la materialización de una manifestación de voluntad o la constatación de hechos, acciones que tengan relevancia jurídica, (ii) el valor probatorio del documento – la aptitud para producir una distorsión de la realidad jurídica, (iii) el carácter determinado o determinable del autor.

Falsificación de documentos oficiales en Rumanía

En primer lugar, las disposiciones en la materia tipifican, a través del art. 320 del Código Penal, la falsificación material de documentos oficiales, que consiste en (1) La falsificación de un documento oficial, mediante la imitación de la escritura o la firma o mediante su alteración de cualquier forma, capaz de producir consecuencias jurídicas, se castiga con prisión de 6 meses a 3 años.

A continuación, el apartado (2) establece que la falsificación prevista en el apartado (1), cometida por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, se castiga con prisión de uno a 5 años y con la prohibición del ejercicio de ciertos derechos. Igualmente, el apartado (3) prevé que se equiparan a documentos oficiales los billetes, vales o cualquier otro impreso generador de consecuencias jurídicas, y, por último, el apartado (4) menciona que el intento también es punible.

El tipo penal contempla los documentos oficiales que emanan o pertenecen a funcionarios públicos (por ejemplo, policías, jueces, etc.), así como a personas asimiladas a funcionarios públicos (por ejemplo, notarios, ejecutores judiciales, en determinadas situaciones, etc.).

Además, se observa que el texto legal también prevé una forma agravada del delito de falsificación de documentos, en el supuesto de que el acto sea cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, cuando un inspector del Tribunal de Cuentas falsifica un acta de constatación de una infracción emitida contra una institución pública, mientras se encuentra en el ejercicio de sus funciones.

Falsedad ideológica en Rumanía

En el mismo sentido, las disposiciones legales también tipifican el delito de falsedad ideológica, más exactamente, la falsificación de un documento oficial con ocasión de su redacción, por parte de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, mediante la certificación de hechos o circunstancias contrarios a la verdad o mediante la omisión deliberada de insertar datos o circunstancias. Asimismo, el intento del delito de falsedad ideológica también es punible.

El elemento distintivo del delito radica en que solo un funcionario público puede cometer falsedad ideológica, no siendo penalmente responsables las personas que no ostentan esta calidad. Un ejemplo clásico de comisión del delito de falsedad ideológica sería cuando un agente de tráfico consigna en el acta de constatación de la infracción aspectos que justifiquen la aplicación de una sanción más indulgente al infractor, como por ejemplo, en lugar de consignar que excedió el límite de velocidad en 60 km/h, indicar que el conductor no usó el intermitente al cambiar de carril, lo cual conlleva sanciones menos severas.

Del mismo modo, el intento del delito de falsedad ideológica también está tipificado.

Falsificación de documentos privados en Rumanía

En la misma línea, no debe omitirse que las disposiciones legales también tipifican la falsificación de documentos privados, que se comete mediante la falsificación de un documento privado por alguno de los medios previstos en el art. 320 o art. 321 del Código Penal, si el autor utiliza el documento falsificado o lo entrega a otra persona para su uso, con el fin de producir una consecuencia jurídica. La pena prevista por la ley es de prisión de 6 meses a 3 años o multa, y el intento es punible.

En cuanto al delito de falsificación de documentos privados, es esencial señalar que puede cometerse independientemente de la naturaleza del documento. Es decir, ya sea que se trate de la redacción de una factura con menciones falsas o de un contrato entre dos partes, mientras el documento sea utilizado o entregado a otra persona para su uso con el fin de producir efectos jurídicos, se activará la responsabilidad penal de la persona en cuestión.

En lo que respecta al cumplimiento o no de las condiciones de tipicidad del delito de falsificación de documentos privados, en la práctica judicial han surgido diversos debates respecto a situaciones en las que, con el fin de cometer el delito de evasión fiscal previsto en el art. 9 letra c) de la Ley núm. 241/2005, los autores también registraron documentos fiscales en la contabilidad de la empresa, siendo estos falsos.

Mediante la Sentencia núm. 21/2017 sobre el recurso en interés de la ley formulado por el Fiscal General de la Fiscalía del Tribunal Supremo de Casación y Justicia, se admitió dicho recurso y se estableció que el acto de reflejar en los registros contables o en otros documentos legales gastos que no se basan en operaciones reales, o reflejar otras operaciones ficticias, mediante el uso de facturas y recibos fiscales falsificados, con el fin de eludir el cumplimiento de las obligaciones fiscales, constituye el delito de evasión fiscal previsto en el art. 9, apartado (1), letra c) de la Ley núm. 241/2005 para la prevención y combate de la evasión fiscal.

Uso de documentos falsificados en Rumanía

Por último, pero no menos importante, el derecho positivo tipifica el uso de documentos falsificados, delito que consiste en utilizar un documento oficial o privado, sabiendo que es falso, con el fin de producir una consecuencia jurídica.

En esencia, el delito de uso de documentos falsificados se refiere a situaciones en las que el documento falsificado se introduce en el circuito civil y produce consecuencias jurídicas. En la práctica, el uso del documento falsificado implica un acto de presentación o entrega del documento ante un destinatario, acciones que se materializan en la producción de consecuencias jurídicas mediante el uso del documento.

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